jueves, 24 de febrero de 2011

Traducciones y tarifas



Hace pocas semanas me acerqué a la Dirección General del Poder Judicial con la que colaboro desde hace ya un tiempo con la única intención de entregarles mi última factura. Sin embargo, inocente de mí, me volví a casa con una desagradable (aunque en cierto modo, previsible) noticia: los recortes presupuestarios también nos afectarán a partir de ahora a los traductores e intérpretes que colaboramos con ellos. El comunicado que me han entregado dice así:

«Los recortes presupuestarios que nos están aplicando para el año 2011 obligan a tomar la determinación de bajar un 25% todos los gastos del año, incluidas las interpretaciones y traducciones

tarifas traductores

Después de «barajar distintos precios» y de «comparar con el resto de Comunidades Autónomas» (esto último me hace particular gracia), las traducciones pasarán a cobrarse a 0,07 € por palabra a partir de este mes de febrero. Siempre y cuando obviemos que estamos hablando de traducciones especializadas y de que las tarifas originales tampoco eran ninguna maravilla, hasta aquí todo se puede considerar medianamente normal: hay menos presupuesto y hay que hacer ajustes.

Sin embargo, lo de las interpretaciones sí que no tiene desperdicio: las dos primeras horas se cobrarán a 36 € pero, a partir de la tercera, la tarifa bajará a ¡20 € por hora! ¡Ah! Y han suprimido directamente el complemento por kilometraje. ¿Quién da menos?

Bien es cierto que el día que nos asignan una interpretación, empezamos a facturar desde el mismo momento en que ponemos un pie en el juzgado y que, a veces, las jornadas se eternizan y cobramos más por las horas muertas que pasamos esperando que por el trabajo para el que realmente nos han contratado. La cuestión es que no es culpa de los intérpretes que lo que podría ser una interpretación de una hora, se convierta en un día interminable con su correspondiente factura cuantiosa. Y lo digo por experiencia:

Ninguno de los días que me han citado en los juzgados a primera hora de la mañana se ha presentado la unidad de atestados a la hora que debía. Y claro, sin atestados no hay detenido y sin detenido, tampoco hay interpretación. Conclusión: toca esperar. Y esa espera genera, entre otras cosas, muchos gastos. Este día en particular pasé diez horas en el juzgado, dos tercios de los cuales los pasé sin hacer nada.

tarifas de traduccion

En otra ocasión, el abogado de oficio se retrasó una hora. Cuando por fin apareció en los juzgados, bajamos a los calabozos para leerle los derechos al detenido y para que ambos celebraran su primera entrevista, a mitad de la cual solicitaron la presencia del abogado en otro caso que no requería intérprete, y allí me dejaron. En el calabozo. Durante dos horas. Pasando por alto la falta de respeto que supone tanto hacia mí como hacia el acusado (ante todo somos personas) me parece que existe cierta falta de criterio en cuanto a la priorización de los casos en lo que a  reducción de gastos se refiere. Como anécdota del día: los agentes que custodiaban el calabozo fueron de lo más amables, se apiadaron de mí y me acogieron entre ellos. Hasta me ofrecieron una silla.

Podría hablar de otros cuantos casos, pero me parece que estos dos ejemplos ilustran bastante bien lo que quiero resaltar. Si las administraciones públicas desean reducir el gasto por falta de presupuesto y no saben cómo, se me ocurre que quizá deberían aprender a organizarse mejor desde dentro antes de solicitarnos a los colaboradores externos que trabajemos prácticamente gratis. Estoy convencida de que así se ahorrarían más dinero del que gastan al año en traductores e intérpretes. Evidentemente, cada cual tiene sus propias circunstancias y es libre de valorar hasta qué punto le compensa aceptar o no ciertos encargos. Por mi parte, tengo muy claro que no estoy dispuesta a que me tomen el pelo.

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